Prof. Esp. Aldo F. Lineras
Universidad Nacional del Nordeste
Abordar un tema cuando está en pleno desarrollo nos expone a mostrarlo incompleto o a seguir un camino de razonamiento que el tiempo, casi inmediatamente, pondrá a discusión y tal vez invalide. Por ello, digamos que compartiremos un panorama parcial de lo que hasta este momento viene llevando adelante la universidad argentina, en conjunto, más allá de las particularidades.
El miércoles 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial declaró el estado de Pandemia por COVID 19 y, aunque no fue la primera de este siglo (ya habíamos tenido la de la Gripe A en 2009) pero se abrió un capítulo inédito a nivel mundial. En Argentina produjo, nueve días más tarde, el 20 de marzo la declaración del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
El sistema universitario argentino se aprestaba a iniciar un nuevo ciclo lectivo. En algunos casos llevaba una o dos semanas de dictado de clases presenciales. Entre las principales medidas del gobierno estuvo, por supuesto, la suspensión de las clases en todo el sistema educativo. Si bien las Universidades Nacionales (UUNN) son autónomas, adhirieron a las medidas inmediatamente.
“con un desarrollo de propuestas virtuales muy heterogéneo, las universidades sostenían áreas o programas de virtualidad como apoyo a sus tareas presenciales. Es cierto que algunas ya tenían ofertas puntuales que se habían diseñado en ese formato. Pero, tomando dimensión del tamaño del sistema, era un porcentaje realmente muy bajo.”
A partir de ese momento, luego de una semana donde la mayoría pensaba un horizonte de uno o, cuanto más dos meses, de cierre, casi sin excepción, las universidades se vieron empujadas por la situación imprevista, a pasar a una modalidad no presencial de actividades. Para tomar dimensión, el sistema en cuestión está constituido por una comunidad de más de dos millones de personas entre estudiantes, docentes y no docentes.
Hasta ese momento, con un desarrollo de propuestas virtuales muy heterogéneo, las universidades sostenían áreas o programas de virtualidad como apoyo a sus tareas presenciales. Es cierto que algunas ya tenían ofertas puntuales que se habían diseñado en ese formato. Pero, tomando dimensión del tamaño del sistema, era un porcentaje realmente muy bajo.
De todos modos, en poco tiempo, se empezaron a utilizar herramientas de comunicación online que permi- tieron, más allá del aislamiento, la posibilidad de reunión de las instancias de decisión que desembocó en primer lugar, en el funcionamiento de consejos directivos y superiores, consejos departamentales y otras formas de organización del gobierno universitario, en modalidad virtual y permitió la toma de medidas conjuntas del cogobierno que, claramente, se orientaron a mantener las clases en este formato (función docencia). De más está decir que esta medida se mantiene y ha logrado mayor consenso que al principio de la pandemia.
Paulatinamente, se fueron diseñando protocolos para reorganizar todas las funciones principales y así se retomaron actividades de investigación, extensión y transfe- rencia sumadas a las de docencia que ya mencionamos y configuraron durante 2020 y lo que va de 2021 una nueva normalidad. Todos los procesos burocráticos se mantu- vieron en lo que concierne a gestión de personal (pago de sueldos, licencias, trámites diversos propios del trabajo de la institución) y también paulatinamente se reiniciaron los trámites de títulos y todo aquello que se tramita en torno de los Sistemas de Información Universitaria (SIU). Actualmente se han retomado los procesos de carreras docentes y concursos (en modalidad presencial, virtual y mixta). Debe señalarse también, que a medida que se flexibilizaron las medidas de aislamiento, las universidades, durante 2021, han reiniciado sus procesos electorales y se van normalizando mandatos prorrogados. En general, se concretaron elecciones en claustros docentes y no docentes y en unos pocos casos, en claustro estudiantil y de graduados. De todos modos, la estructura de gobierno, como se ha dicho, se ha mantenido trabajando. Para agregar, como una cuestión no menor, las tareas de Coo- peración Internacional y de Movilidad docente y estudiantil pudieron culminar satisfactoriamente sus tareas me- diante la repatriación inmediata de quienes estaban en el extranjero así como el apoyo para el regreso de extranjeros que estaban en Argentina. Inmediatamente se han diseñado programas de intercambio virtuales que se encuentran en pleno desarrollo.
Debe mencionarse, aunque parezca una cuestión natural, que todas las instancias de coordinación, Secretaría de Políticas Universitarias, Consejo Interuniversitario Nacional así como las distintas asociaciones de facultades (CODESOC, ANFHE, CONFEDI, FACyMERA, etc) han estado presentes, generando las instancias políticas y normativas para facilitar el funcionamiento en esta nueva situación.
Las medidas tomadas durante la pandemia resultaron muy positivas para una cantidad muy importante de estudiantes. Las primeras estadísticas y análisis de los datos que surgen de matrículas, cursadas y exámenes finales son similares, e incluso mejores que los anteriores a la pandemia. Pero también, la pandemia ha visibilizado (y potenciado) las asimetrías preexistentes. Así, la inclusión debe analizarse en esta tensión que permite una doble lectura: por un lado los estudiantes han logrado progresar en sus estudios, lo han hecho desde sus hogares, han aprovechado la situación para regularizar materias y rendir exámenes finales, pero, a la vez, la falta de dispositivos adecuados, las dificultades de conectividad, las situaciones socioeconómicas han excluido un número que todavía no podemos precisar.
Las principales acciones orientadas a disminuir las asimetrías mencionadas incluyó la continuidad y fortalecimiento de los programas de becas (muchas reorientadas dado el cambio de contexto) desarrollados tanto por el Gobierno Nacional (Progresar, por ejemplo) como por cada universidad (incluye becas de comedor y becas de conectividad)
Quiero señalar, dado que el eje de esta mesa refiere a Políticas Públicas que la pandemia se declaró a solamente tres meses de iniciado un nuevo gobierno en la Argentina. El sector académico y de investigación (esto es Universidades y Conicet) esperaban con expectativas revertir un proceso negativo vivido en los años anteriores.
Para las universidades el momento significaba, entre otras cuestiones, una deuda de varios meses en partidas presupuestarias, amén de una ausencia casi total de políticas de promoción o de fortalecimiento. Las medidas de recorte y reducción presupuestaria fueron aún más duras en lo que hace al financiamiento de la actividad científica que se produce en Conicet (desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri se produjo, en primer lugar la degradación de la Secretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un recorte progresivo y sistemático de sus fondos traducido, por citar un ejemplo, en la reducción de ingresos a carrera de investigador/a.
En ese contexto y con la pandemia iniciada, las universidades, en su conjunto, han participado con acciones concretas para combatir la pandemia producida por COVID. Se puede mencionar la elaboración de productos demandados por las características de la enfermedad (alcohol en gel, mascarillas, barbijos); disposición de sus hospitales y centros de salud con personal altamente calificado para la atención de la población; diseño de pro- puestas arquitectónicas relacionadas con construcción rápida de estructuras adecuadas para expandir la capacidad de las instalaciones sanitarias; diseño y ejecución de encuestas y sistematización de información sobre efectos de la pandemia y de las medidas tomadas en la población (PISAC); reorientación de programas de investigación en prácticamente todos los campos disciplinares hacia temáticas directamente relacionadas con toda la pro- blemática de la coyuntura (investigación básica y aplicada, que incluyen Ciencias de la Salud, Tecnología, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Naturales, Educación, Bioingeniería, entre otros).
Una vez avanzado el 2020, se advirtió un sostenido aumento de las ofertas normalmente reconocidas como de extensión y de vinculación universitaria. Jornadas, congresos, cursos, carreras nuevas, de pregrado, grado y posgrado, ya pensadas desde la modalidad virtual. El sistema se fue apropiando de la ventaja que significa acceder a voces remotas de docentes, investigadores, estudiantes lo que es, sin duda una ventaja en términos de acceso. La modalidad, resistida en el inicio por diversos sectores ha promovido la formación, actualización del conjunto de la docencia universitaria. Provisoriamente, y aún sin haber concluido este primer cuatrimestre en 2021, empezamos a corroborar un menor nivel de quejas y una mayor fluidez, variedad y coordinación en el uso y la gestión de las aulas de las plataformas institucionales (Moodle, en su mayoría).
¿Qué panorama tenemos? En un punteo rápido, advertimos:
Corto plazo
Evaluar cómo retomaremos las actividades una vez finalizada la pandemia:
• Presencialidad completa con población vacunada (docente, no docente, estudiantil)
• Continuidad de las actividades virtuales durante el segundo cuatrimestre
• Propuestas mixtas/híbridas: una parte del grupo asiste a clase y otra lo sigue de modo remoto. Clases con sistemas de burbujas
Acciones remediales / recuperación de estudiantes que han abandonado o experimentado dificultades marcadas para cursar o rendir materias.
Diseño de políticas públicas de asistencia (becas, Programas como Conectar Igualdad)
Diseño de programas de mejoramiento (PROHUM, PROMARQ, PROMEI) de plantas docentes, de infraestructura y tecnología
Mediano plazo
Capitalizar el aprendizaje institucional para impulsar una oferta renovada en Educación Superior
Revisar impacto del desarrollo virtual en aspectos didáctico-pedagógicos cuando se regrese a la presencialidad
Integración de redes y ofertas regionales (Norte Grande: docencia, investigación, intercambio)
Revisión de la Ley de Educación Superior con los emergentes de esta situación (proceso que está iniciado y fue interrumpido por esta coyuntura).
Retomemos pues para finalizar, los titulares sobre “el silencio de las universidades”. Me resulta llamativo que no se reconozca la enorme actividad que han desarrollado nuestras universidades en este año y tres meses de pandemia.
¿Se puede decir que hemos estado en silencio cuando sus estructuras de gobierno funcionaron plenamente?
¿Se puede decir que hemos estado en silencio cuando investigadores, innovadores, tanto a nivel individual como grupal han contribuido con herramientas concretas en las acciones para combatir la pandemia?
¿Se puede decir que hemos estado en silencio cuando hemos continuado con el egreso y titulación de miles de estudiantes?
¿Se puede decir que somos un sector cooptado políticamente cuando tanto en el Consejo Interuniversitario Nacional como en la Federación Universitaria Argentina se mantiene una diversidad que seguimos resaltando y que ha trabajado cooperativamente para afrontar la inédita situación?
¿Se puede decir que guardamos un silencio cómplice porque, a costa de la calidad, hacemos como si enseñáramos y aprendiéramos? ¿Se puede ignorar los enormes avances de la educación virtual cuando muchas veces, desde esos mismos medios se promocionan propuestas (de instituciones privadas, claro) como de gran calidad?
Déjenme compartir posibles respuestas, enunciadas como hipótesis, hasta como dudas a estas publicaciones. ¿No será que a los sectores representados por estos medios concentrados les molesta que en el ejercicio de nuestra autonomía hayamos permanecido inexpugnables ante operaciones mediáticas que alentaban la movilidad insensible e irresponsable al cuidado sanitario del conjunto? ¿Molestará la posición solidaria con nuestros profesionales de la salud, con la opinión de todo el espectro científico respecto de la necesidad de extremar medidas de cuidado? ¿Les molestará que el ejercicio crítico conspire con operaciones destinadas a crear desesperanza y romper la cohesión social?
Hago propias las palabras que la comunidad universitaria latinoamericana acordara en la Conferencia Regional para la Educación Superior realizada en Córdoba, en 2018 y que “Reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.
Reivindicamos la autonomía que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas, el mercado o intereses particulares. La defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la universidad.
Estas Jornadas, finalmente, no hacen otra cosa que abonar las palabras aquí expresadas. Sigamos pues pensando los modos para lograr los objetivos de toda Educación Superior, esto es, proveer al desarrollo y bienestar de la comunidad que la sustenta.
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